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jueves, 5 de agosto de 2010

Keiko ¿Campaña de desprestigio o demora de la justicia?




El día de ayer, la parlamentaria del grupo fujimontesinista hija del reo Alberto Fujimori, en una rueda de prensa, denunció ser víctima de un complot para perjudicar su imagen ante la inminente posibilidad, como candidata, de convertirse en Presidente del Perú y llevar a cabo su plan de gobierno, cuyo único item es el de sacar a su padre de prisión. Esto debido a que la Fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, decidió investigarla por el pago de sus estudios durante el régimen de su padre, especulativamente, con dinero del estado, de quien dijo no descartar su vinculación de dicha sibilina y oscura campaña por algún revanchismo político.

"Yo no sé cual es la motivación de la señora Fiscal Echaiz.. Pero ella es parte de este complot que justo se promueve cuando el Fujimorismo está en el primer lugar de las encuestas"
Candidata a la Presidencia

"El inicio de la investigación a la congresista Keiko Fujimori por el pago de sus estudios en el extranjero no tiene ninguna intención política, electoral o de otra índole sino que se registra dentro de los aspectos técnicos jurídicos de la función de la institución”
Despacho de la Fiscalía de la Nación
nota de prensa

La infame gordita también negó, sospechosamente para variar, ponerse a disposición del Ministerio Público para las respectivas investigaciones mientras no consulte con sus abogados.

¿Será cierto eso? ¿Será una maquiavélica campaña, como las del estado durante el régimen de su padre, que busca perjudicar su imagen en vista de su aventajada posición en las encuestas a vísperas de las elecciones, o será sólo la resultante de un burocrático, lento y torpe proceso judicial en la que una investigación que se debió ejercer hace mucho tiempo, tiene lugar, convenientemente para sus opositores, cuando las elecciones están ad portas? Tal vez sólo un punto intermedio que rescata verdades de ambas posturas.

Diversos peritajes contables determinaron que Alberto Fujimori, gastó, entre los años 1990 y 2000, sólo en la educación de sus hijos, es decir, universidades, viajes y alquileres, la módica suma de 3´211,884 soles ( 917,681 dólares ). US$ 354,881 en las mensualidades, US$ 453,600 gastos de viajes y US$ 109,200 en alquileres. Monto que según el hoy sentenciado a 25 años, los pagó gracias a la venta de un terreno en el pasaje Pinerolo, que según dijo valía US$ 669,500, suma que no llega al total de los gastos y que según se señaló nunca se llevó acabo; es decir, nunca se dio la mencionada venta.




Cabe recordar que es la tercera vez que se investiga este caso pero la primera en que Keiko y sus hermanos son parte de la investigación y no como en las anteriores oportunidades en que sólo habían acudido a declarar a la fiscalía y el Poder Judicial como testigos, cosa que no se entiende el motivo.

En el 2009 a raíz del proceso a Fujimori por corrupción, el fiscal supremo José Antonio Peláez detectó que no había registro de una indagación a su hija, hoy candidata, Keiko Fujimori, pese a haber sido mencionada junto a su familia como beneficiaria de enriquecimiento ilícito y peculado en la denuncia constitucional y el proceso judicial que en abril del 2003 se inició al ex presidente. Sin embargo, dado que en la extraditación, Chile no aceptó ese delito, el caso quedó archivado. Pero, esto no alcanza a los demás presuntos miembros del delito, es así que a principios de año, Peláez encargó realizar una investigación al fiscal Jaime Schwartz, que tras cinco meses después, respondió argumentando que no había nada qué investigar. El procurador Pedro Gamarra apeló contra esa decisión y el fiscal superior Jorge Cortez corrigió la situación: resolvió que en efecto Keiko no podía ser investigada por peculado porque no era funcionaria pública cuando ocurrieron los hechos, pero sí por enriquecimiento ilícito.

Es así como Cortez remite el caso a la fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, la única autorizada a investigar el delito, quien abrió la investigación preliminar respectiva y que ayer hizo público notificando a las partes ¿Es razonable la presunción de que la apertura de una investigación a Keiko Fujimori, sobre un tema que su padre poco pudo sostener y  de la que ella forma parte, al poco tiempo antes de las elecciones, sea para quitarle posibilidades de triunfo? Probablemente, cosa que no la absuelve de responder por acusaciones que la vinculan y hasta ahora no ha respondido.
La acusación sostiene que se ha determinado que en su condición de presidente, el reo Fujimori, desvió recursos de las privatizaciones, del SIN y de las donaciones provenientes del Japón para crear un “fondo de contingencia” de 375 millones de dólares, cuyo uso fue para beneficio propio y la de su familia, cosa que corroboró Vladimiro Montesinos. Incluso nunca el ex presidente tuvo la necesidad de acudir al banco a recoger su sueldo de presidente ni de cesante de la universidad Agraria la Molina.

Por la buena salud de una política desde ya sucia y corrupta, por una necesaria purga, a bien es necesario el inicio de una investigación que desde hace tiempo debió hacerse y que por motivos que sospechosamente se desconoce, nunca se dio. Ya era hora.





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