Chavín de Huantar: Tras el almuerzo

Foto: La República

El gobierno no termina de "autopetardearse", y esto no es un invento de Martha Chávez sino más bien, una evidente falta de criterio, una desconexión con los intereses de la mayoría. No hace mucho, debido a la llamada Repatija, masivas protestas sociales, que vieron en esta repartición de poderes la gota que derramó el vaso, tomaron las calles para hacer uso de su derecho a la protesta y a la indignación. Al gobierno así como a los actores principales de la mesa de negociación no les quedó otra que dar marcha atrás a una medida desesperada para dejar algo en el mensaje del 28 de julio. En ese mismo escenario, es decir, en ese del "fin justifica los medios", y sin mucho bombo y platillo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia ratificó la absolución de Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás Hermoza Ríos y Roberto Huamán Azcurra por las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas luego del operativo Chavín de Huántar, de los llamados Gallinazos.

La sentencia determinó la necesidad de investigar la muerte del emerretista Eduardo Cruz Sánchez, conocido como Tito, dado que las evidencias indican hubo una ejecución extrajudicial, así como reservó el proceso a Jesús Zamudio Aliaga, sindicado por dos policías como el principal sospechoso. 

Sin embargo, siete videos subidos el 1ro de agosto al portal de Youtube por el usuario anónimo Turbo Pascal bajo el título de Otro audio de Pedro Cateriano de unos quince minutos de duración cada uno, y hechos públicos por los periodistas Marco Sifuentes y Ricardo Uceda, daban a conocer los pormenores de un almuerzo privado en el que habrían participado el doctor César San Martín, presidente del Poder Judicial; Juan Jiménez Mayor, entonces ministro de Justicia; Pedro Cateriano, entonces agente ante la CIDH por el caso Chavín de Huántar, y la jueza Carmen Rojjasi, entonces presidenta de la Tercera Sala Penal Liquidadora que veía también el caso Chavín de Huantar, pero en el fuero interno. 

Los audios parecen advertir las intenciones de la reunión: Unificar criterios para no hacer otro papelón frente a la Corte internacional. 

En agosto del 2012, cabe recordar, debido a una demanda civil interpuesta por las familias de las víctimas de Barrios y Altos y la Cantuta, el estado peruano se presentó ante la Corte Interamericana para exponer su defensa justamente después del polémico fallo de la corte de Villa Stein publicado el 20 de julio, en la que se redujera la condena a los miembros del grupo Colina condenados por los crímenes mencionados, según el magistrado, "porque uno de varios cargos ha sido retirado (sic)", y retirase el concepto jurídico de lesa humanidad de la sentencia porque "las víctimas no son parte de la población civil" (sic), "porque la fiscalía nunca incluyó 'el cargo de lesa humanidad' dentro de la denuncia" (sic), y porque "Lesa humanidad no es parte del código penal peruano" (sic). Posteriormente, en septiembre del 2012, ante el escándalo, la misma Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, sin la participación de Stein (Ausente por vacaciones), anuló su propio fallo dejando sin efecto la reducción de la pena.

Precisamente la participación de los representantes peruanos en esa audiencia ante la CIDH fue calificada, por los medios y la opinión pública, como "un Papelón", dado que los dos procuradores encargados de la defensa del estado peruano, uno del Ejecutivo, el procurador supranacional Óscar Cubas, quien sostenía que la posición del Perú era la expresada en la acción de amparo contra la sentencia espuria de Villa Stein, y otro (de quien nadie supo explicar el porqué de su presencia en la corte), del Poder Judicial, Segundo Vitteri, quien en cambio defendía dicha sentencia, generó confusión entre los miembros de la Corte: Era pues que se exponían dos fundamentos opuestos y contradictorios entre sí para una misma causa en vez de una sola voz institucional. La Corte los mandó pa' su casa para que resuelvan la confusión y avisen por escrito sobre la postura peruana: Una verguenza.

“Una primera mirada podría indicarnos que el Estado se ha presentado mal vestido ante la Corte IDH, si bien hacia afuera el Estado es uno solo, aquí de alguna manera se están confrontando dos posiciones (...) Y en definición, en esta crisis interna ambos tienen cada uno sus propios procuradores, pero ciertamente hacia afuera hemos hechos un papelón”

Victor García Toma

exministro de Justicia

“Lo que hemos visto es un espectáculo que deja muy mal al Estado peruano (…) con un procurador atrapado, con muy poco conocimiento, ante lo cual el juez ha tenido que decir que mejor se vayan y avisen por escrito sobre la posición peruana”

Aurelio Pastor

exministro de Justicia

El fiscal es un funcionario que como integrante del Ministerio Público representa al estado en la corte, es decir, es nada más ni nada menos que un abogado del estado. Curioso es que, después de tener entre sus manos un peritaje (EPAF, Baraybar, Snow) que comprobara la tesis de la fiscalía sobre la ejecución ilegal del emerretista Tito fuera de combate, es decir, un peritaje con el que podía ganar el litigio, el estado, en contra de sus propios intereses, haya desembolsado, en defensa de los acusados (Montesinos, Hermoza, Zamudio, Huamán), una y otra vez fuertes sumas en diversos peritajes de parte (Contradictorios entre sí y que nunca examinaron los cuerpos, sino y nada más que los informes de otros), e incluso extemporáneos, como los de Derrick Pounder, o Juan Manuel Cartagena, en una desesperada búsqueda por desestimar el primer peritaje realizado por el EPAF, aquel que le daba la razón. Es decir, el estado boicoteaba a su propio representante, en favor de los acusados.

¿Por qué habría el Estado de buscar que se falle en contra de su causa en la fiscalía? ¿Por qué pretendería boicotearse? ¿Por qué buscaría perder?

Para nosotros Montesinos, Hermoza, unos desgraciados, ya están condenados. Les faltan algunas condenas… Si en este caso reducimos cualquier contingencia que implica pelea con el Estado. Si podemos, en este caso, archivar…"

Juan Jiménez Mayor

Ministro de Justicia en ese momento

Audios del almuerzo

Este irregular almuerzo privado entre San Martín, Jiménez, Cateriano, y la jueza Rojjasi, se llevó a cabo en las oficinas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el 31 de mayo del 2012 a puerta cerrada y sin que dicha reunión figure en alguna agenda oficial. Los audios revelan que el tema tratado fue el impacto que tendría el fallo del litigio interno que se le seguía a los Gallinazos y que presidía Rojjasi, en el juicio que Perú debía enfrentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es pues que para enfrentar la denuncia ante la CIDH y salir airosos de esta, al estado le convenía que no se demuestre una cadena paralela, que no se demuestre haya habido una ejecución, que no se demuestre culpabilidad en los acusados, total, estos ya tenían otras condenas que cumplir.

"Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones..."  

Artículo 139° - Inciso 2

Constitución Política del Perú

Como los mismos protagonistas habrían declarado tras la publicación de los audios: El motivo de la reunión era la de unificar criterios frente al proceso internacional, Coordinación de Alto nivel, lo llamaron; y habrían de hacer los esfuerzos para cumplir el objetivo.

"Obviamente el peor escenario es que se diga que todo fue planificado y que hubo una orden (...) Es evidente que lo que uno quiere, como Estado, con la independencia del caso, es que se diga: 'no hay muerto extrajudicial, murieron en combate'”

César San Martín

Presidente del Poder Judicial

Audios del almuerzo

Una reunión donde se supone Rojjasi habría sido convocada sólo para brindar información sobre la situación en que se encontraba el caso Chavín de Huantar para saber cómo enfrentar el litigio internacional, eso y nada más que eso, termina convirtiéndose en un escenario para hacer de la jueza un blanco de bombardeos de sugerencias, recomendaciones, consejos y orientaciones de cómo presidir su sala en este proceso para conducirla a un específico y único fallo, "el más conveniente", interfiriendo en sus funciones en aras de un criterio unificado en beneficio para el Perú. Para esto, se puede apreciar en los audios, cómo se barajan posibilidades y se esbozan argucias para desestimar el peritaje del Equipo Peruano de Antropología Forense, José Pablo Baráybar y Clyde Snow que demostraba la ejecución extrajudicial, incluso aceptando informes fuera del tiempo determinado por ley, dejando sentado los motivos por los que el Estado desenbolsaba tanto dinero por otros peritajes, que en vez de probar su tesis, la boicoteaba, en defensa de los acusados:

"Yo no creo, profesor. Sería bueno analizar de otra manera, por el predicamento que tiene en la Corte Interamericana un señor Clyde Snow, que es muy reputado, muy reconocido en el mundo de los derechos humanos. Su documento  en parte sustenta el informe de la Comisión Interamericana. Si decimos que en el Perú no se le da importancia a este documento técnico podría haber un problema"

Juan Jiménez Mayor

exministro de Justicia en ese momento

Audios del almuerzo

• Rojjasi: "Supongamos, yo digo lo siguiente. Están Baraybar y Snow allí. Snow es un león a nivel internacional. Listo. Y ustedes me traen a otro león a nivel internacional. Y yo digo, bueno, este león nuevo que han traído avala el pronunciamiento, las conclusiones de otros pequeños leones, que son los de oficio. Eso es lo que vale".  

• San Martín: "Este es el león, pues".  

• Rojjasi: "¿Qué pasa, que la Corte también puede decir lo que se dice a nivel nacional: para nosotros Baraybar es el mejor". 

• San Martín: "No, pues. Baraybar es muy reputado pero cuando se presenta en el juicio un capo, y que lo hace arar, y que sabe más y que lo va a demostrar en el juicio, uno puede decir Baraybar es un genio, y después cuando viene otro y lo refuta y tiene más argumentos, digo: uy, ya no era tan genio. Era un geniecillo".

Conversación grabada

Audios del almuerzo

El 12 de octubre del 2012, tres días antes de la sentencia, el Consejo Nacional de la Magistratura decidió no ratificar a la jueza Carmen Rojjasi. En cristiano: Fue destituida.

A primeras horas del lunes 15 de octubre del 2012, a las 9am, cuenta el periodista Ricardo Uceda de la Agencia INFOS, la jueza Rojjasi llegó tarde a la audiencia -Es decir, a la hora en que ya se debía dar lectura según lo programado-, al parecer, con la última versión de la sentencia, sin que dos de los vocales, Adolfo Farfán y Carolina Lizárraga, siquiera la hayan leído. Justamente por esta razón, porque la vocal Lizárraga recién leía la sentencia, es que es en ese momento que escribió sus disensiones a las partes de la resolución con las que no estaba de acuerdo. La lectura pública de las 534 páginas se dio inicio antes de las 11 de la mañana y demoró diez horas. A eso de las ocho de la noche, dice el periodista, "cuando Rojjasi dio pase a la lectura del voto en minoría de Lizárraga. Dijo que ella había tenido una apreciación errada de alguna de las pruebas. La aludida respondió que la suya no era una apreciación errada sino un desacuerdo con la mayoría. Entonces está usted equivocada, retrucó Rojjasi".

Con esta sentencia, el caso hubiera quedado cerrado en la jurisdicción nacional restándole responsabilidad al estado y conformaría una sola postura para enfrentar la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos debatidos en el litigio. Sin embargo y aunque se desestima la existencia de una cadena de mando paralela, y se ha absuelto a los Gallinazos, no se ha negado la ejecución extrajudicial, por el contrario, determina la necesidad de una investigación sobre ello. A su vez reserva el proceso y la investigación a Jesús Zamudio (prófugo) por este delito, contraviniendo los "deseos del Estado" que César San Martín habría proclamado en el almuerzo, o por lo menos, parte de ellos. 

Carlincaturas

Resulta curioso por parte de quienes aplauden esta resolución aleguen sea en favor de los 140 Comandos cuando estos no son parte del proceso, cuando ellos no han sido acusados en este litigio. Peor aun, si quienes tuvieron la custodia de Tito no fueron los responsables de su ilegal ejecución ¿Sólo Zamudio sería responsable? ¿Alguien más sería investigado? ¿Los policías que lo capturaron? ¿Los Comandos? Repito, resulta curioso se diga que esta sentencia favorece a los comandos cuando, al ser los Gallinazos del SIN absueltos, se abre de nuevo el abanico de posibilidades en las que los Comandos pueden ser, esta vez sí, investigados por homicidio calificado.

"La ratificación de la Suprema no está exculpando a los Comandos, desgraciadamente; exculpa a Montesinos..."

José Pablo Baráybar

Antropólogo Forense

Las reacciones de los implicados (Jimenez, San Martín, Cateriano), como era de esperarse, apuntaban sobre la probabilidad de una manipulación y por sobretodo acerca de la legalidad de los audios, sin embargo, hay dos partes de la misma a tener en cuenta: el origen del audio, es decir, la captación del audio; y su difusión, una independientemente de la otra. La captación sería ilegal si alguien ajeno a la conversación la grabara sin el conocimiento de alguno de ellos, pero no si uno de ellos fuese al autor o tuviese conocimiento de la grabación. Cosa muy diferente es en su difusión ya que la ley la ampara en caso de ser de interés público, por más que su origen sea ilegal o no, tal y como dice el artículo 162 del código penal (Interferencia y difusión de comunicaciones privadas): "Está exenta de responsabilidad la difusión de comunicaciones que tuviese un contenido delictivo perseguible por acción penal pública o que contravenga el ordenamiento legal vigente”. 

La única persona, de los implicados, que no se ha pronunciado hasta el momento al respecto, es justamente la jueza Rojjasi, de quien se especularía podría haber sido la que filtrara los audios, en caso haya sido así y que ella haya sido quien grabase los audios, no sólo no habría delito en su difusión sino que tampoco lo habría en su captación. En todo caso, aun se desconoce el origen de los mismos. Por otro lado, parte de la oposición han festejado esta publicación. El Fujimorismo ha clamado por los derechos humanos (sic) y el Apra por un alto a la corrupción (sic), sumándose al Bullying político, con rabo de paja y todo. En una entrevista concedida a Canal N por el presidente del PJ, César San Martín, asegura "NO saber" si es cierto o no el audio "entero"

• San Martín: ..."¿Es cierto todo lo que se dice ahí? que parte como que si ese audio sea verdadero en su integridad. Yo le pregunto a usted y a quienes lo han colgado, quien se oculta tras un seudónimo, ¿Es cierto?"  

• Periodista: "¿No es cierto doctor?"  

• San Martín: "¿Todo lo que se dice ahí es auténtico? ¿No se han montado cosas?"  

• Periodista: "Le pregunto a usted ¿No es cierto?"  

• San Martín: "Primero le voy a responder esto ¿Quién debe responder eso? Quienes investigan ¿No es cierto? Quienes han hecho esa indagación ¿Algo han indagado sobre su veracidad? No me vengan a dar por cierto lo que jurídicamente, éticamente se sostiene que carece de perseidad y valor probatorio alguno. Ese es un punto fundamental. Ahora viene lo que es claro: YO NO SÉ SI TODO LO QUE SE DICE AHÍ Y TRANSCRITO ES CIERTO O NO ES CIERTO, ES VERDAD O NO ES VERDAD. Yo niego, como parte y como pauta de principio, una autenticidad categórica"

Entrevista en Canal N

(Vía telefónica)

Foto: Perú21

Es, sin duda, potestad de los agentes del estado concertar reuniones y unificar criterios en beneficio del estado, pero no en desmedro de la verdad y la ley. Condenable es, mezclar la acusación de cuatro personas que nada tuvieron que ver con el rescate en la embajada de Japón con el heroismo de los Comandos para que la buena imagen de estos últimos repercuta en la justificación de un homicidio; que el Estado dedique recursos públicos para la defensa de parte de los llamados Gallinazos contratando peritos de todos lados para un informe que favorezca al fallo que buscan, boicoteando sus propios intereses; pretender arreglar una sentencia con una decisión que no obedece a los hechos para restar responsabilidad al Estado frente a la Corte internacional. 

Más allá de la continua descepción en que sumergen las autoridades a la población, sobretodo por la imágen de César San Martín, magistrado con gran trayectoria profesional y ética, reconocido por su actuación en el juicio a Alberto Fujimori, la revelación de estos audios y la reunión per se, lejos de servir a su causa, complica aun más a la defensa del estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El papelón, la demora de los litigios, la injerencia de un gobierno desesperado por evitar responsabilidad y la duda sobre la independencia de los jueces poco favor harán a su defensa. Existe, frente a la torpeza del estado, la probabilidad de que la CIDH anule lo actuado en la jurisdicción nacional y que todo el proceso quede sin efecto volviendo a foja cero.

Al final del audio, Jimenez se dirige a la jueza, algo que hoy suena con cruel ironía:

 "En sus manos, el Perú".