Hace unos días, el 16 agosto, un ciudadano de a pie, presentó un pedido de vacancia para Susana Villarán, asegurando que la alcaldesa habría transgredido lo establecido en el artículo 22, numeral 9 de la Ley 27972, de la Ley Orgánica de Municipalidades, la que señala al Concejo Municipal como único autorizado en aprobar la donación o cesión de sus bienes muebles e inmuebles a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la venta de sus bienes en subasta pública, en la venta de tres inmuebles del centro de Lima.
Villarán, el 26 de julio del 2011, a sola firma mediante la Resolución de Alcaldía N°331, habría autorizado al presidente del directorio de la Beneficencia de Lima Metropolitana la venta directa de los predios del Jr. Puno 640, 642 y 646 por la suma de $4'751,000, a la Asociación de Comerciantes La Zona (centro comercial Mesa Redonda), sin que el Concejo Municipal interviniera en el proceso. Ese mismo año, el regidor del PPC, Alberto Valenzuela, había hecho exactamente la misma denuncia, acusando a la alcaldesa de haber aprobado la venta de esos tres inmuebles a los inquilinos del mismo recinto comercial sin autorización del Concejo Metropolitano.