Chavín de Huantar, reabriendo fantasmas

Desde hace unos días se ha vertido una polémica que se inició con la publicación del diario Correo acerca de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en el que supuestamente, bajo el argumento de que se habría ejecutado fuera de la ley a tres miembros del grupo subversivo MRTA, se le recomendaba al estado peruano reabrir el caso en contra de los 142 comandos que heroicamente rescataron a 72 civiles en la conocida operación Chavín de Huantar y que fueran absueltos de toda responsabilidad en el fuero militar. Con toda lógica la opinión pública se indignó con esta noticia, que fuese rebotada entre bombos y platillos por diarios como Perú21, La Razón, Comercio, etc. Incluso, ante la declaraciones por parte del Presidente del Poder Judicial César San Martín, en las que ha aclarado una y otra vez que los acusados son sólo 4 y que ninguno es parte de los comandos, el Diario Perú21, con frases como "Los 140 comandos sí estaban en la mira" sacó a la luz pública parte del informe en el que se recomendaba que esos 142 vuelvan a ser juzgados, pero en el fuero civil, ergo, era cierto que se quería ensuciar con un juicio arbitrario a quienes en una operación exitosa e impoluta se habían ganado el respeto de la ciudadanía. Las noticias vertidas fueron, por decirlo menos, inexactas...

"Sólo en el caso que hubiera daños en la integridad física de los rehenes, entonces el gobierno peruano, en coordinación con el de Bolivia y Japón, adoptaría otras medidas". 

Alberto Fujimori

Enero de 1997

El 22 de abril de 1997 se dio inicio a la operación Chavín de Huántar cuyo objetivo era liberar a 72 rehenes de los 700 invitados que aun permanecían secuestrados durante 126 días en la residencia del embajador japonés, Morihisa Aoki, por catorce miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru MRTA, armados con fusiles AKM, armas cortas y granadas. Néstor Cerpa, líder del MRTA, exigía la liberación de 370 camaradas en la cárcel, incluida su pareja, Nancy Gilvonio, a cambio de su libertad. 142 efectivos armados con Cascos de combate israelí de acero y fibra de vidrio, Fusiles de asalto Galil de origen israelí, Anteojos de protección Uvex, Subametralladoras israelíes Mini Uzi, Subametralladoras alemanas HK MP5 de 9 mm. con silenciador, Chalecos antifragmentario de origen israelí fabricado con fibras de kevlar de diseño flexible, y Pistolas Beretta 92 de 9mm de fabricación italiana, al mando del general EP José Williams Zapata, divididos en cuatro equipos ingresaron mediante seis túneles al domicilio diplomático. La operación duró 36 minutos aproximadamente.

La versión oficial daba cuenta a la opinión pública de que todos los terroristas habían caído muertos durante el combate, sin embargo cuando la investigación pasó al fuero civil, después de que ilegalmente pasase por el fuero militar (incluso el oficialismo evitó que el Congreso investigara el caso), en la exhumación de los cadáveres ejecutada en marzo del 2001 a cargo del Equipo Peruano de Antropología Forense EPAF así como del experto antropólogo forense Dr. Clyde Collins Snow, (Además de los estudios hechos por la División de Criminalística de la Policía Nacional del Perú y del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada, en España, para los exámenes de ADN). Los mencionados exámenes permitieron determinar la identidad de doce de  ocho de catorce cuerpos presentaban disparos en la cabeza, independientemente de los disparos en el resto del cuerpo. El impacto recibido en la cabeza en cada uno de esos cuerpos habría sido efectuado desde atrás hacia delante y en un estado de movilidad nula o casi nula, cosa que no corresponde a los impactos y desgarros habituales que se provocan cuando un cuerpo está en movimiento, en cualquier enfrentamiento. De los ochos cuerpos con disparos a la cabeza a manera de ejecución uno, cobraba particular importancia, el cadáver del código NN14, identificado como Eduardo Cruz Sánchez, alias Tito, quien no presentaba otros impactos de bala que pudiesen ser causa del deceso y emular otras hipótesis. Mientras que los demás cuerpos tenían un promedio de veinte impactos de bala en todo el cuerpo, Tito, en el día del enfrentamiento, sólo recibió uno y nada más que uno, en la cabeza (Tenía otro impacto de bala en el tobillo derecho que estaba ya cicatrizado, hecho el día de la toma de la embajada, 126 días antes del rescate).

Según el protocolo de Necropsia25, la víctima estaba en un estado de inamovilidad, con la cabeza en posición hiperflexa en el momento en que recibió el disparo en la parte posterior del cuello a través de la primera vertebra cervical, y por lo tanto el tirador tuvo que estar detrás y en un plano superior a la víctima. Ambos expertos ratificarían su informe ante el juez penal.


El cuerpo de Tito fue hallado en la zona de servicio en la que, según declaraciones de los mismos comandos, no hubo enfrentamientos. Fue hallado bocarriba, con una granada tipo piña, en la palma de su mano que se encontraba abierta y flexible. Si el disparo provino de atrás, como prueba el peritaje, es imposible cayese bocarriba, tendría inexorablemente que haber caído bocabajo. La escena había sido manipulada: El cuerpo debió haber sido movido del real lugar en el que había sido ejecutado y la granada en su mano abierta habría sido sembrada. Así mismo la munición empleada en su ejecución pertenece a un arma distinta a la que usaron los comandos (fusil de alta velocidad, de munición no compatible con la de los fusiles HK que usaron los comandos durante el operativo).

Cabe recordar que se tuvo que exhumar los cadáveres dado que, después del rescate, los cuerpos fueron retirados por fiscales militares y no se permitió el ingreso de representantes de la Oficina del Fiscal General. Los cadáveres no fueron llevados al Instituto de Medicina Forense para la autopsia requerida por ley sino que fueron llevados a la morgue del Hospital de Policía donde se llevaron a cabo las necropsias correspondiente bajo la dirección del entonces Comandante Médico PNP, Hebert Danilo Angeles Villanueva, Jefe del Servicio de Anatomía Patológica del HCPNP, cuyas conclusiones fueron mantenidas en secreto. Según las manifestaciones de los médicos de la Policía Nacional que intervinieron en las necropsias respectivas, el procedimiento fue irregular pero tuvieron que cumplirlo por cuanto sus jefes inmediatos y el mismo Presidente de la República, Alberto Fujimori, así lo habían ordenado. Esta irregularidad fue posteriormente confirmada por los informes médico legales del Instituto de Medicina Legal, cuyos especialistas concluyeron que en las necropsias practicadas en el Hospital Central de la Policía Nacional no se cumplieron con las disposiciones legales y científicas vigentes.

No se permitió la presencia de familiares de los fallecidos para la identificación de los cadáveres y las autopsias. Los cuerpos fueron entregados por disposición de la Jefatura de la VII Región Policial a diferentes oficiales de la PNP responsables de las comisarías ubicadas en los distritos periféricos de la provincia de Lima a fin de que procedan a enterrarlos en los cementerios de su jurisdicción. Todo este procedimiento se realizó de manera clandestina, en secreto, sin tampoco dar aviso a los familiares de las víctimas.

"Lo que ocurrió fue que hubo una operación de ocultamiento de evidencias, tanto en la escena del combate como en las instancias donde se debieron tomar las pruebas forenses. Hay un secretismo sospechoso, casi delictivo" 

David Hidalgo

periodista 

Hidetaka Ogura, Secretario de Asuntos Políticos de la Embajada de Japón y rehén en la toma de la embajada, le comunicó al entonces embajador Morihisa Aoki, haber visto cómo tres subversivos, dos hombres y una mujer, siendo sometidos, se rindieron. Los dos primeros fueron vistos levantando sus brazos en señal de rendición, en el momento en que el diplomático era evacuado junto con otros diplomáticos japoneses más, de la residencia, mientras uno de los terroristas, la mujer identificada como Cynthia, gritaba algo así como "¡No me maten!" a los oficiales que los custodiaban. Posteriormente, después del rescate, cuando ya se encontraba a salvo en los jardines de la mansión junto a sus colegas, observaron a otro emerretista más, a Tito aun con vida y atado con las manos en la espalda. El terrorista había sido capturado desarmado por dos policías cuando este pretendía, para huir de la residencia, cruzar desapercibido haciéndose pasar por un rehén más. Sin embargo, él, junto a los dos emerretistas aparecerían muertos ante la prensa: El gobierno había informado, para su sorpresa, que todos habían caído en combate. 

"...Cuando terminaron los disparos en la habitación 'I', esperamos unos minutos para salir del edificio de la residencia hasta que los miembros del comando militar nos avisaran para bajar por la escalera portátil que habían puesto los militares en la terraza. Fui casi el penúltimo para tomar la escalera. Si no me equivoco, delante de mí estaba el Sr. Nake y detrás de mí estaba el Sr. Yamamoto. Me volteé para tomarla en la terraza dando mi mirada hacia la entrada principal de la habitación, al voltearme allí vi que dos miembros del MRTA, estaban rodeados por los militares, una mujer llamada “Cynthia” y un hombre a quien no puedo reconocer porque tenía estatura baja y estaba rodeado por los militares de estatura alta. Antes de bajar la escalera portátil he escuchado que “Cynthia” estaba gritandovalgo así como 'no lo maten' o 'no me maten'. Cuando bajamos al suelo, esperamos unos minutos junto con los señores antes mencionados al costado del edificio de la residencia para salir a la casa vecina. Allí he escuchado algunas detonaciones y disparos. Fuimos conducidos por un militar pasando por un túnel corto y pasamos al jardín de la casa vecina. En ese lugar cuando llegamos, ya estaban los señores Moisés Pantoja, Luis Serpa, Alipio Montes de Oca. Hugo Sibina, Tsuboyama y José Garrido Garrido. No me acuerdo bien si el Sr. Mario Urrelo estaba o no cuando nosotros, los once japoneses, llegamos al jardín. En ese jardín, vi a un miembro del MRTA que se llamaba “Tito”. Sus manos estaban amarradas atrás y su cuerpo estaba tendido boca abajo hacia el suelo. El movió su cuerpo, así que pude reconocer que él estaba vivo. El estaba con camiseta de manga corta y de color verde con pantalón corto de color oscuro. Cuando “Tito” intentó hablar levantando su cabeza, un policía armado que estaba de custodia, pateó su cabeza y esta empezó a sangrar. Unos minutos después, apareció un militar del túnel e hizo levantar a “Tito” y lo llevó a la residencia pasando el túnel."  

Hidetaka Ogura

Diplomático japones y ex rehén de los emerretistas

Testimonio

"Ogura indicó que cuando llegó a la casa contigua, el subversivo identificado como 'Tito' ya se encontraba allí, por lo que se puede deducir que el identificado como 'Tito' salió confundido entre los rehenes del primer grupo, conformado por los magistrados peruanos". 

Comisión de la Verdad

Informe

Japón no permitió las declaraciones de ninguno de los nueve testigos japoneses, por su calidad de diplomáticos. Por lo mismo sólo se pudo conocer lo que atestiguó Ogura cuando dejó su cargo, en una entrevista de mayo de 1999 al diario japonés Asahi Shimbun (diario que después donara más de un millón de dólares a los comandos y que el gobierno de Fujimori lejos de entregarlos, se los sustraería). Un año después, nuevamente reiteraría su testimonio a través de su libro 'El diálogo obstruido', así mismo el 20 de agosto del 2001 en una carta dirigida a las autoridades judiciales del Perú y finalmente, ante la Tercera Sala Penal Liquidadora en Lima en el proceso contra Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga.

Debido a que las declaraciones del ex diplomático japonés desencadenara las investigaciones que terminarían por descubrir un comando paralelo bajo las órdenes del segundo de Alberto Fujimori, Vladimirro Montesinos, es que, y por sobretodo el fujimorismo, se ha intentado satanizar y cuestionar su versión vinculándolo sin sustento, con el MRTA. Se dijo inicialmente que era izquierdista, comunista, incluso que pertenecía al Partido Comunista Japonés, y prueba de ello era que trabajase en la embajada de Cuba y que conversara, por su facilidad con el quechua, con algunos de los emerretistas que los habían secuestrado, eso y nada más. Dejando de lado de que no hay evidencia, hasta el momento, que lo defina como izquierdista, y peor aun, que aun siendo esa especulación cierta, tampoco eso lo convierte en simpatizante del MRTA o de delitos como el secuestro, como dice Giampetri, Caretas publicó un breve perfil del ex secretario de la embajada más allá de las especulaciones de las que ha sido víctima por un sector de la política y la prensa:

"Sobre Hidetaka Ogura ...Descalificar de plano su versión, de la manera insulsa como lo han hecho las congresistas Martha Chávez y Luz Salgado, no ayuda al esclarecimiento de los hechos, como tampoco tildarlo de izquierdista. 

Se trata más bien de un estudioso, de profesión historiador, pero con estudios de sociología. Vivió en el Perú desde fines de los '70, antes de ser diplomático, e hizo investigaciones en el Centro Rural Andino Bartolomé de las Casas. Allí aprendió algo de quechua, el cual, según relata en su libro, practicó con algunos emerretistas. A fines de los '80 entró al servicio exterior japonés y se casó con una nisei de nombre Ana María. Su primer destino diplomático fue Cuba. Luego, en los '90, volvió al Perú, a trabajar en la embajada como encargado de asuntos políticos. Tras el rescate de los rehenes, fue enviado a México, donde permaneció hasta 1998, cuando renunció. Desde entonces es catedrático en cinco universidades japonesas, una de las cuales es la Universidad Internacional Cristiana. Su mirada, obviamente, es -y era durante el secuestro- la mirada de un intelectual, bastante entendido en política e historia latinoamericana. En su libro, por ejemplo, habla de las discusiones teóricas que tenía con Rolly Rojas. 

Ese talante hizo que tuviera un acercamiento con los emerretistas, que otros rehenes -sobre todo militares- interpretaron como presunta colaboración. No obstante, él señala que era parte de su misión como encargado de asuntos políticos. Se le permitía escuchar las noticias, luego de lo cual informaba a los demás rehenes. La versión de este hombre de 50 años, que ha decidido llevar su testimonio hasta los tribunales, debe ser investigada. No para deshonrar la memoria de quienes se inmolaron en el rescate, ni para convertir a auténticos violentistas en héroes. Tampoco para convertir las exhumaciones en un macabro ritual con fines políticos. No. 

La verdad tiene que abrirse paso justamente para saber cuál es la diferencia entre el terror y la democracia. Aunque este proceso sea doloroso es necesario vivirlo, tal vez como el primer capítulo de ese libro llamado "Comisión de la Verdad", que está a punto de escribirse. Y que por cierto Néstor Cerpa garabateó con su mano extraviada". 

Caretas

Periodistas Ramiro Escobar de la Cruz

con la colaboración de Paola Ugaz

El general PNP Máximo Rivera, ex-jefe de la DINCOTE, otro de los rehenes en el momento del rescate, reveló haber escuchado a un emerretista pedir perdón y disparos, cuando se encontraba en el jardín trasero de la residencia, después de la operación, y que entonces le comentó a alguien que no identificó: "Los están rematando". Asimismo, el congresista Xavier Barrón declaró que un amigo suyo, que también estuvo como rehén, había visto a un terrorista rendirse. 

"El ex jefe de la policía antiterrorista indicó que 'el camarada Tito' fue uno de los que vio Ogura, porque éste pasó por su habitación, camino al jardín. Pero el comando militar lo obligó a entrar en la casa y después apareció muerto". 

General (r) Máximo Rivera

Ex jefe de la Policía antiterrorista (DINCOTE) y uno de los 72 rehenes

Más aun, según las declaraciones de los policías Raúl Robles Reynoso y Marcial Torres Arteaga, tras culminar el rescate, capturaron vivo a Eduardo Cruz Sánchez -alias "Tito”- y lo entregaron a un oficial enviado por el teniente coronel EP Jesús Zamudio Arteaga (hoy prófugo de la justicia). A su vez, en los días siguientes al rescate, algunos periodistas recogieron testimonios de rehenes que indicaban haber visto a terroristas rendidos, entre los declarantes se encontraba el exministro de Agricultura, Rodolfo Muñante, quien posteriormente se retractara sospechosamente. Los testigos de la captura y desarme de "Tito", aun vivo después de culminado el rescate, según el diplomático japonés, fueron, aparte de los diplomáticos japoneses, los vocales de la Corte Suprema Moisés Pantoja, Luis Serpa, Alipio Montes de Oca y Hugo Sibina, también el viceministro de Justicia, Carlos Tsuboyama, y el coronel de la Fuerza Aérea José Garrido Garrido, además de los empresarios japoneses Masami Kobayashi y Yoshiaki Kitagawa, sin embargo en su mayoría no han querido pronunciarse al respecto, y otros como Pantoja se han limitado a declarar que no vieron nada porque se hallaban a rastras en el momento de los hechos.

"...En ese momento, comenzó a balbucear indicando que nos podía informar dónde se encontraba el resto de camaradas y qué planes posteriores tenían. Asimismo suplicó por su vida, por lo que le dije que no temiese, que allí no le iba a suceder nada, dando cuenta inmediatamente a través de la radio a mi jefe inmediato, que era el teniente coronel ZAJ (Zamudio Aliaga, Jesús). Le di cuenta del capturado y me indicó que me mantuviera en espera, que iba a mandar a recogerlo en unos instantes. Después de unos cinco minutos, ingresa un comando a la casa Nro. 1 por el túnel del jardín y le entregamos al emerretista capturado, este comando lo hizo regresar por el túnel hacia el interior de la residencia. El emerretista hizo resistencia, pero el comando, a viva fuerza, se lo llevó. Nunca más volví a verlo. Yo pensaba que este emerretista capturado iba a ser presentado a la opinión pública como un prisionero, para después ser interrogado o que brindara información valiosa. Sin embargo, para mí fue una sorpresa ver en el noticiero que todos los emerretistas habían muerto en combate, quedándome callado sin dar cuenta a nadie por temor a alguna represalia del sistema"

Raul Robles Reynoso

suboficial de la policia

Además de esto, el primer reporte de los Comandos revela trece bajas entre las hordas emerretistas y no catorce.

Por lo mismo que testimoniaron los testigos -al finalizar la operación de los Comandos-, que vieron a Tito rendido, desarmado y capturado, que haya sido entregado VIVO a otros oficiales que no pertenecían a los Comandos (a la custodia de Zamudio); que el peritaje a los cuerpos determinara que en el momento en que murió Tito, este se encontraba en estado de inmovilidad sin que representase peligro alguno; que el cuerpo haya estado en un lugar donde no hubo enfrentamientos; que las municiones usadas no sean compatibles con el armamento de los Comandos; que el primer reporte de los Comandos revelara trece y no catorce bajas; que hayan ingresado a la casa, como probado está, catorce minutos después del operativo, agentes del SIN cubiertos con pasamontañas al mando de Zamudio Aliaga y Roberto Huamán Azcurra, ambos de la guardia de Montesinos del escuadrón Júpiter; que sea práctica recurrente en el SIN las ejecuciones extrajudiciales como parte de una política de estado, es que se presume que los asesinatos fueron dados, al acabar el rescate y fueron realizados por quienes ingresaron después, es decir, por el escuadrón Júpiter, llamados también "Los Gallinazos" (llamados así por su participación carroñera en el caso), quienes trabajaban bajo las órdenes de Vladimiro Montesinos. Según el exministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, estos agentes (Los gallinazos) "no participaron en el combate, aunque estuvieron en los alrededores del rescate (...) Se infiltraron en la misma para hacer labores distintas a las de los comandos de élite”.

"Hay prueba de que existe homicidio, pero no que Nicolás Hermoza Ríos sea el responsable"  

César Nakazaki

Abogado de Hermoza Ríos

Sustentación de la defensa en el Caso contra los Gallinazos

Por su parte el Servicio de Inteligencia Militar de los Estados Unidos, Defensa de Inteligencia Americana DIA, quienes supuestamente habrían asesorado el operativo, envió Informes desclasificados al tribunal especial que juzgaba al ex presidente Alberto Fujimori presidido por el vocal supremo César San Martín. En ellos se afirmaba que el ex presidente había dado órdenes directas al Escuadrón Júpiter, de no dejar a nadie vivo.

“Cuando entré a la embajada vi a miembros del SIN, entre ellos a Huamán Azcurra, José Cortijo y a Gutiérrez. Ellos ya estaban ahí. Tres de cada cinco grababan, los demás no sé qué función cumplían. Los 140 comandos tenían una función específica luego de haber sido entrenados para eso, y si ingresaba alguno más pudo haber puesto en riesgo la operación y las vidas. Por eso, sobre la participación de miembros del SIN, no podría explicar quién dio la orden” 

coronel Jaime Muñoz
auxiliar del Centro de Operaciones Tácticas (COT)

En enero del 2001, la Asociación Pro Derechos Humanos, Aprodeh, en representación de los familiares de los emerretistas fallecidos supuestamente extra judicialmente, presentaron una demanda ante la Fiscalía en la que acusaban a Alberto Fujimori, Nicolás Hermosa, Julio Salazar Monroe, y Vladimiro Montesinos (posteriormente se excluiría a Salazar Monroe y a Alberto Fujimori -a este último porque la extradición de Chile no contemplaba esta imputación-, y se incluiría en la acusación fiscal a Zamudio y Huaman Ascurra): Los comandos no fueron incluidos en la acusación. Como consecuencia de esta demanda, la Procuraduría para casos de Derechos Humanos ordenó las exhumaciones ya mencionadas líneas arriba, en marzo del 2001. Sin embargo, en mayo del 2002, el fiscal Richard Saavedra formuló una denuncia ante el juzgado penal especializado de Lima contra doce comandos Chavín de Huantar y la juez Cecilia Pollack, dictó una orden de detención preliminar contra ellos, entre los que se encontraba el comando Leonel Cabrera Pino, coronel en la época del rescate, por las supuestas ejecuciones extrajudiciales de siete terroristas. Poco tiempo después, la justicia militar abriría ilegalmente proceso en contra de los comandos por los delitos de abuso de autoridad y homicidio calificado, figura jurídica que el fuero militar no contempla, que ni siquiera existe en el código militar, y para lo cual no tiene competencia, contradiciendo principios jurídicos nacionales e internacionales. El 16 de agosto del 2002, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, bajo la presidencia del magistrado Cabala Rosand, de manera ilegal e inusual, resolvió la contienda de competencia determinando que Hermosa, Montesinos, Huamán y Zamudio debían continuar siendo juzgados por el Poder Judicial y que los Comandos debían permanecer siendo juzgados en la justicia militar.

“…amerita calificar la intervención de los Comandos Militares como un hecho producido en zona declarada en estado de emergencia al que por lo tanto debe aplicarse el artículo 10° de la Ley 24150, que dispone que los miembros de las Fuerzas Armadas que presten servicios en zonas declaradas en estado de excepción están sujetos a la aplicación del Código de Justicia Militar y que las infracciones que cometan aquellos en ejercicio de sus funciones tipificadas en dicho Código son de competencia del Fuero Privativo Militar…” 

Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia

Sentencia emitida el 16 de agosto del 2002

La corte había sustentado su decisión en la Ley 24150, llamada también Ley de los Comandos Políticos Militares, con claros matices de inconstitucionalidad, tal y como en el momento de la sentencia muchos jurídicos la habían señalado. La cuestionada ley sería declarada nula por el Tribunal Constitucional en el 2004 en la resolución N° 0017-2003-AI/TC, del 16 de marzo de ese año, justamente por hallarla inconstitucional.

El 12 de noviembre del 2003, la Sala de Guerra resolvió archivar la causa seguida contra los 142 efectivos que participaron en el operativo Chavín de Huántar, y el 5 de abril del 2004 la Sala Revisora del Consejo Supremo de Justicia Militar confirmó dicha resolución. Sin embargo, la jurisprudencia nacional e internacional determinan que el fuero civil es el encargado de resolver casos de derechos humanos. La jurisdicción militar se limita a delitos de función, y no tiene competencia en figuras como las de "homicidio calificado", por lo que ni siquiera está incluido en su código. Por lo mismo, no puede resolver un caso cuya naturaleza de la denuncia no tiene los mecanismos jurídicos para resolver. Todo caso de Derechos Humanos debe ser resuelto, por tanto, en el fuero civil y esa es la queja lógica y justa que la Comisión recoge.

Posteriormente se abriría un proceso por este caso que no incluiría, dadas las evidencias, a los Comandos, en la acusación, cosa que un sector político se esmera por tergiversar.

“el estado quiere cerrar los ojos y taparse las orejas ante las evidencias de la presunta existencia de ejecuciones extrajudiciales en el exitoso operativo de rescate de rehenes. Ir a la Corte Interamericana para negar que se cometió un crimen contra el terrorista Cruz Sánchez, alias ‘Tito’, es ir a perder (...) El tema está absolutamente claro. No nos olvidemos de donde nace todo esto: de un atestado elaborado por la policía especializada que señala que se habrían producido ejecuciones con ocasión de la operación Chavín de Huantar. Quien haya accedido a un nivel básico de información sabrá que existe la declaración, no de terroristas o abogados de derechos humanos, sino de policías que señalan que vieron a Cruz Sánchez (alias ‘Tito’) con vida. Este apareció muerto en un lugar donde no hubieron enfrentamientos, con una bala de un arma distinta a la que usaron los comandos, además con un disparo en la nuca de arriba hacia abajo, o sea, ejecución extrajudicial"

Ronald Gamarra

ex procurador adjunto

Los procesos de los que habla la Comisión son para determinar la responsabilidad sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas luego del operativo militar. La hipótesis del Ministerio Público en este caso es la existencia de una cadena de mando paralela a la del operativo, vinculada al Servicio de Inteligencia Nacional SIN: el Escuadrón Júpiter, que ingresase posteriormente y asesinase a los sobrevivientes capturados, desarmados e inmovilizados, bajo su custodia, y este, no incluye a los comandos.

En este litigio civil se acusa a Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza, Roberto Huamán y Jesús Zamudio. Para ser más claros: LOS 142 COMANDOS NO ESTÁN ACUSADOS.

"Las voces que desde un inicio se opusieron a la CVR lo hicieron bajo el argumento de que no convenía al sistema democrático admitir públicamente siquiera la posibilidad de que el Estado haya violado los derechos ciudadanos de ciertos peruanos, pues ello podría deslegitimar los resultados de la lucha antisubversiva en su conjunto".  

Gonzalo Zegarra MulanovichPresidente del Consejo de la Prensa Peruana (CPP)

Justamente el coronel EP Jesús Zamudio, en su defensa, aseguró (en el 2002) que durante el rescate estuvo encargado de la seguridad perimétrica de la Mansión, y que luego, por órdenes del general EP José Williams Zapata, se encargaría de evitar el cruce de fuegos entre la seguridad externa (que no estaba al tanto de la hora del ataque) y los Comandos. Sin embargo, una fotografía que publicara Caretas desmiente la versión de Zamudio evidenciando que en el momento se encontraba dentro de la residencia, en la zona posterior.

coronel EP Jesús Zamudio en la parte posterior de la residencia (Foto: Caretas)

"el coronel EP Roberto Huamán Azcurra no perteneció al grupo que rescató a los rehenes". 

general EP Augusto Jaime Patiño

Jefatura de operación

El coronel EP en retiro Hugo Robles, ex comando Chavín de Huántar, señaló que no sabía de la existencia de los "Gallinazos". Supo de estos posteriormente a través de fotografías. Señaló también que José Williams Zapata siendo el jefe de la operación, debería tener conocimiento sobre las razones de la presencia del personal del SIN en la operación.

Williams ha declarado que sabía que el SIN registraría la operación en video, pero que desconoce si los agentes tenían otra función o fuesen los responsables de las ejecuciones extrajudiciales.

En otro proceso, se sindica directamente a Alberto Fujimori, sin embargo, dado que cualquier acusación que se le pudiese hacer está superditado a los términos contemplados en su extradición con Chile en el que excluyen esta acusación, no prosperará.

"...este proceso no sólo se abrió en mérito a la declaración de Hidetaka Ogura, sino que su testimonio fue corroborado por la versión de dos Policías (...) dos miembros de la Policía Nacional que han señalado que uno de los miembros del MRTA fue detenido vivo, fuera del lugar de la residencia y luego fue introducido nuevamente y apareció muerto"

Ronald Gamarra

ex procurador adjunto

Artículos del Informe de la Comisión IDH

185.- "Sin perjuicio de lo que se desarrollará en el siguiente apartado, la CIDH nota que si bien algunas conductas desarrolladas por los comandos durante el Operativo Chavín de Huántar podrían eventualmente haber sido conocidas por la jurisdicción militar, las ejecuciones extrajudiciales -al ser violaciones graves de derechos humanos, tal como lo puntualizó la Corte Suprema- debieron haberse investigado por completo en el fuero común.


190.- "El acto criminal y la actividad relacionada con el servicio militar se rompe cuando el delito es extremadamente grave, tal es el caso de delitos contra el género humano. En estas circunstancias el caso deberá ser remitido al sistema de justicia civil".


195.- "Contrario a dichos principios y a la jurisprudencia constante del Sistema Interamericano, en el presente caso, que involucra la vulneración de derechos humanos, las ejecuciones de Víctor Salomón Peceros y Herna Luz Meléndez fueron puestas en conocimiento de un tribunal que no era competente y que además no fue imparcial ni independiente".


198.- "En ese sentido, la CIDH recuerda que el conocimiento por parte de la justicia militar de graves violaciones a derechos humanos, como en el presente caso, constituye una violación, entre otros, a los derechos contenidos en los artículo 8 y 25 de la Convención Americana".


200.- "Con base a lo anterior, la Comisión considera que en el presente caso el Estado extralimitó la espera de la justicia militar, en contravención de los parámetros de excepcionalidad, y extendió la competencia del fuero militar a delitos que no tienen relación directa con la disciplina militar -como las ejecuciones extrajudiciales- y sobreseyó a los militares que formaron parte del operativo e impidió que los familiares de Peceros y Meléndez tuvieran acceso a la justicia"

Informe Comisión IDH (extracto)
diario Correo

"Algunos medios han informado incorrectamente sobre que se procesaría de una forma arbitraria a los heroícos comandos de Chavín de Huantar. ESO NO ES CIERTO (...) -reportero: una cosa debería quedar zanjada de una vez, separar la operación de rescate, exitosa e iimpecable, de las ejecuciones fuera de ley, cometidas según 3 testigos por Zamudio y Huamán Azcurra, esto es otra cosa-"

Rosa Maria Palacios

periodista

extracto de su programa Tribuna abierta

Los comandos, sin duda, son héroes que han sido perversamente manoseados a conveniencia de las partes, poniéndolos como escudos para evitar condenas o perseguidos como parte de una cacería de brujas, producto de la efervescencia del despertar de un país sumergido diez años en ceguera y corrupción. Sin embargo, las evidencias han servido a la fiscalía en el fuero civil, para deslindar la participación de los comandos en los hechos que son causal para la acusación. En el caso del fuero militar, este no tiene potestad de absolver a nadie en casos de Derechos Humanos, la ley y la jurisprudencia, no sólo nacional sino internacional, lo determina así, por tanto, la investigación le corresponde al fuero civil, ergo, el litigio seguido por la corte militar es nulo Ipso jure. La Comisión IDH sólo recomienda que hagan bien su trabajo, que se sujeten a las leyes y procesos que como Estado de Derecho debemos respetar. ¿Los Comandos deben seguir de nuevo un proceso en el fuero civil? Pues no. Las investigaciones preliminares son las que determinan si hay responsabilidad en ellos, si no los hay no tienen porque ser procesados. No es competencia ni de la Comisión ni de la Corte IDH determinar a quien acusar, ni a quien no,su jurisdicción se limita a observar si el estado cumplió con su obligación jurídica. La comisión evalúa y presenta un informe sobre determinada demanda hecha contra algún estado, y si hay sustento sólido lo eleva a la Corte para iniciar un litigio. Ese es el caso, hay razones sólidas que demuestran que el estado peruano no cumplió con su obligación jurídica.

Ahora, con las evidencias expuestas los procesados son sólo cuatro y ninguno es parte de los Comandos que participaron en el rescate, como tanto se esmera alguna prensa y el fujimorismo en mezclarlos para manipular a la opinión pública y así favorecer a los acusados, práctica tan recurrente en los noventa.

Hubo un homicidio fuera de enfrentamiento, fuera de lo que la ley permite. Quienes asumen que no importa si Tito murió dentro o fuera de combate; reducido, desarmado y sin que signifique peligro alguno o enfrentando a las fuerzas del orden, dentro de la ley o fuera de esta, dejan de lado el principio fundamental del derecho, aquel que dicta que la ley es para todos sin importar de quien se trate. Nadie pretende defender a Tito, es un terrorista y como tal debió enfrentar a la justicia y pagar por sus crímenes, pero en prisión, tal como dice la ley que deberíamos respetar. Lo que se defiende es la democracia, es el absoluto cumplimiento y salvaguarda del Estado de Derecho, la garantía de todo ciudadano, en cualquier momento de su vida y más allá de quien sea, de que los procesos serán cumplidos dentro de la ley y respetando todos sus derechos. Porque en democracia se respeta la ley, y la ley es para todos, civiles o militares.

Como diría Nadine ¿Es tan difícil hacer las cosas bien?