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martes, 26 de abril de 2016

Máxima Acuña vs Yanacocha




Máxima Acuña (foto: Ybrahim Luna)



Ahora que Máxima Acuña se ha hecho del Goldman Environmental Prize, el premio a líderes ambientales más importante del mundo y de haber sido elegida Defensora del Año 2014 por la Unión Latinoamericana de Mujeres, su imagen ha invadido los medios de comunicación, objeto de apoyo, elogios, cuestionamientos y críticas, desde defensora de la vida, casi heroina, hasta roja y mentirosa. Entre las hepáticas y obnubiladas miradas ¿Habrá algo de verdad tras tanta luz y sombra? Lo cierto es que la lucha casi titánica que ha iniciado con la empresa minera Yanacocha no pasa desapercbida; con escasos recursos enfrenta en su tierra y en la corte a uno de los más poderosos conglomerados del imperio extractivo, empresa que ha tenido a lo largo de su trayectoria en el Perú cuestionamientos significativos.

Yanacocha fue constituida en el Perú en 1992, durante el régimen fujimorista, conformada por la Newmont Mining Corporation con el 51.35%, Minas Buenaventura con el 43.65%, y la International Financial Corporation con el 5%. Con el inicio de las operaciones de Carachugo, Yanacocha produjo su primera barra de Doré el 7 de agosto de 1993; solo ese año produjo 81,497 onzas de oro y tan solo tres años después Yanacocha se consolidó como la primera productora de oro en Sudamérica. En 1993 y a inicios de 1994, muchos campesinos denunciaron abusos de la minera en los procesos de compras de tierras en la zona del Cerro Quilish y Combayo, sin embargo las autoridades no respondieron a sus reclamos. Así mismo El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que depende del Ministerio del Ambiente, ha sancionado hasta en cinco oportunidades desde agosto del 2012 a la minera por incumplir la normativa ambiental, por exceder los límites máximos permisibles en efluentes y por no cumplir con determinadas consideraciones y recomendaciones en sus instrumentos de gestión ambiental y estudios de impacto ambiental. En el 2006, el equipo de investigación del diario la República destapó todo un sistema de espionaje contra dirigentes ambientalistas de Cajamarca que cuestionaban y se oponían a la labor de Yanacocha, denominado Operación Diablo, con el fin de vigilar, intimidar y dañar el honor y prestigio de estos: Con el desprestigio que provocasen por la difamación, desacreditarían las denuncias de sus víctimas. Esta operación estaba orquestada por la empresa C&G Investigaciones, por encargo de la empresa Forza S.A., seguridad de Yanacocha. El espionaje montado tenía como objetivo principal al sacerdote Marco Arana y a reconocidas personalidades e instituciones vinculadas a los derechos ambientales.

Yanacocha en quechua significa ‘Laguna Negra’, irónicamente la minera toma su nombre de la laguna que alguna vez estuvo ubicada en dicha zona, laguna que justamente con el inicio de las actividades de esta minera desapareció por completo a fines de 1993.


"Aquí estaba la laguna Yanacocha, yo mismo la he conocido, estaba en el lado derecho de la vía Cajamarca-Bambamarca, y era muy grande, casi como la laguna El Perol. Ya no hay ni rastro de ella"
Edgar Guevara Becerra
Docente morador de Huambocancha Baja
Diario La república






Laguna Yanacocha (Foto de archivo: Alois Eichenlaub, 1992)





En enero del año 1994, Máxima Acuña y su esposo, compraron un terreno de 23 hectáreas en Tragadero Grande, en la zona alto andina de Sorochuco, provincia de Celendín, departamento de Cajamarca. La Comunidad campesina de Sorochuco le entregaría el certificado de posesión con las firmas de sus representantes, entre ellas, la de Miguel Ayala, en ese momento Presidente de la misma. En dicha propiedad, cercana a la laguna Azul, armaron una choza para residir en ella, ese mismo año. Para la adquisición, habrían pagado dos toros de aproximadamente 100 dólares cada uno. Cabe recordar que el valor de la propiedad rural es austero, exiguo; ya que pese a tener grandes extensiones, la realidad del lugar y de sus actores se ubican dentro de los niveles de extrema pobreza. Con esto, para el 16 de ese mes, los Chaupe eran reconocidos legalmente como comuneros de Sorochuco. Unos años después, entre 1996 y 1997, Yanacocha compró 496 hectáreas a la Comunidad campesina de Sorochuco, acreditados con la firma de sus representantes, entre ellos Samuel Chaupe, padre del esposo de Máxima. Yanacocha pretendía esa área para la explotación a tajo abierto para el Proyecto Conga.

Entre el 2004 y el 2005, los Chaupe obtuvieron nueve certificados de posesión otorgados por la Región Agraria de Cajamarca que formalizaban las propiedades rurales que habían adquirido, en su mayoría por herencia, y también por compra a sus familiares (las herencias de sus hermanos); Títulos de Dominio que fueron registrados en la SUNARP y que eran de dominio público. Esto es porque desde los 90, en que se empezó a fomentar el mercado de tierras rurales, funcionan programas especiales de titulación como este, en zonas donde el Estado no llegaba, para formalizar las propiedades de miles de campesinos cuyos derechos y los de sus familias no estaban reconocidos formalmente. Un problema habitual del campo en el Perú. Las propiedades de los Chaupe que no fueron adquiridas por herencia, fueron pagadas con un carnero o un toro.

Sobre las 9 propiedades adquiridas formalmente, que en conjunto suman 8,6 hectáreas, el periodista Joseph Zárate, en su artículo "La dama de la Laguna Azul vs la Laguna Negra", describe que algunas de estas tierras tienen pasto, otras leña, maíz o arvejas, y que solo se pueden cultivar en épocas de lluvia. Sobre Tragadero Grande, cuenta que es el único lugar que la familia Chaupe tiene para vivir, porque allí hay pasto abundante, el territorio es extenso para tener ganado y sobre todo porque, a diferencia de los otros terrenos (pequeños y dispersos), es el único que tiene fuentes de agua. Expertos calculan que una familia campesina de la sierra del Perú, necesita poseer 32 hectáreas de tierra para producir el equivalente a una hectárea de tierra en la costa, por las condiciones adversas del lugar.




Según Acuña, en el 2010, debido a un dolor punzante en el vientre que resultó ser una infección en los ovarios, la familia se trasladó a la choza que ella heredara de su abuela, en un caserío a ocho horas de allí, para que se recuperara. La choza proveía mejores condiciones climáticas y geográficas (acceso a ayuda médica) para descansar. Alquilaron un caballo para su traslado, y su tío quedaría encargado de cuidar la chacra. Tres meses después, una vez recuperada, ella y su familia regresaron a casa. Sin embargo, la vieja y estrecha trocha de tierra que atravesaba parte de su propiedad, se había convertido en un camino amplio y llano. Su tío les comentó que unos obreros de la mina, con aplanadoras, habían hecho el trabajo. Máxima dice haber ido reiteradas veces a las oficinas de la compañía, en las afueras de Cajamarca, para reclamar la irrupción en su terreno. Al fin, un ingeniero la recibió, y le dijo que habían comprado el área hace años, en 1996. Máxima, en respuesta, le mostró los documentos de posesión ¿Cómo podrían haber dos dueños de un mismo predio? En el 2011, dice Acuña, que Yanacocha iniciaría diálogos con ellos, con el fin de comprarle sus tierras; sin embargo, se negaron a vender. El motivo parece obvio, era el único lugar que poseía, donde podía sembrar y críar ganado.

En mayo de ese año, cuando la campesina regresó a su casa después de haber hecho un trabajo de tejido en la casa de una vecina, halló su choza reducida a cenizas, los corrales y el sembrío de papas destruidos.




Una de las ocasiones en que se intervino en la propiedad en disputa



Al día siguiente, denunciaron el hecho, sindicando a Yanacocha como el probable autor, en la Comisaría de Sorochuco, cosa que consta en el Exp. No. 111-2011. En junio de ese año, la fiscalía hace una inspección del predio y deja un comunicado a la familia en la que indica serían citados para un careo con la empresa. Sin embargo, para sorpresa de todos, y en lugar de dicha citación, llegó una notificación con el “archivamiento del caso”. Es decir, el fiscal "cambió de opinión" y decidió no iniciar proceso ¿Qué razón justificaría terminar con el proceso iniciado? ¿Qué razón habría para que dos partes en disputa no tengan la oportunidad de exponer el sustento de sus posiciones? La Fiscalía archivó la denuncia de los Chaupe contra Yanacocha; en cambio, sí admitiría la denuncia interpuesta por Yanacocha contra sus denunciantes, el 11 de agosto, por el mismo delito de Usurpación




Dos semanas antes, el 27 de julio de 2011, la Newmont Mining Coorporation hizo público el inicio y aprobación de la financiación total del Proyecto Conga, con un monto de 4,800 millones de dólares. Días después, el 8 de agosto, un policía llegó hasta la choza de los Chaupe. Ellos denuncian que el servidor público pateó las ollas en las que estaban preparando el desayuno, y les advirtió que debían dejar el terreno. Al día siguiente, unos policías y vigilantes de la minera, confiscaron sus cosas, desataron la choza y le prendieron fuego. Esto fue denunciado ante la Defensoría del Pueblo, quienes constataron las consecuencias. Dos días después, el 11 de agosto, Acuña denunció que un centenar de policías, con cascos, escudos antimotines, garrotes y escopetas, fueron a desalojarlos, respaldados por una retroexcavadora. Golpearon a Máxima y a sus hijos. La campesina relata que un oficial golpeó a su hija en la nuca, con la culata de una escopeta; que ella se desmayó y el escuadrón, asustados por lo que habrían provocado, por un posible escenario fatal, se replegó. Ysidora Chaupe, la hija mayor, grabó el resto de la escena, con la cámara de su celular. Yanacocha negó dichas acusaciones. Lo irónico del caso, es que la policía redactó un acta acerca de dichos hechos. En el documento acusan a la familia de haber atacado a ocho suboficiales con palos, piedras y machetes; en la misma acta consta las condiciones ilegales en las que actuaron: No contaban ni con una resolución judicial, ni con un fiscal para el desalojo. Ese mismo 11 de agosto, la fiscalía admitiría la denuncia de Yanacocha contra los Chuape por usurpación agravada. Al día siguiente, el 12 de agosto, según Acuña, el fiscal fue a su casa a “sugerir” que abandonaran dichas tierras, y “arreglaran” el problema; la familia nuevamente se negó. Así mismo, Máxima cuenta que el 14 de agosto, cuando fueron a presentar la denuncia y ver al médico legista, para que las agresiones sufridas queden registradas, encontraron al abogado y a un ingeniero de la empresa Yanacocha reunidos con el fiscal. Finalmente, la fiscalía de Celendín no admitió los certificados médicos provistos por el médico legista, ni las fotos de los moretones y golpes en brazos y rodillas, como pruebas, para asentar la denuncia. Esta no fue admitida. Con la ayuda de vecinos y amigos, la familia Chaupe, levantó una construcción de adobe cubierta de calaminas.



Maxima Acuña (Foto: caballeroredverde)



El 14 de octubre se inica el Conflicto Conga, con el bloqueo de los kilómetros 28 y 29 de la carretera a Bambamarca, como medida de protesta contra Yanacocha, por incumplir diversos acuerdos sociales. La ONG Grufides asume la defensa de los Chaupe, frente a la demanda en la corte, sin costo alguno. El 29 de octubre, la sala resuelve en contra de la familia, y los condena a 3 años de prisión suspendida, y al pago de 500 soles de reparación, a la compañía. Dicho juicio sería declarado nulo posteriormente, el 2 de agosto de 2013. El argumento de esta sentencia señala que esto fue debido a errores de ley y de hecho, de la corte; así mismo, por ignorar evidencia favorable a la familia. Yanacocha apeló y el proceso continuó.




En enero del 2013, se reportó que cerca de 60 policías de la División de Operaciones Especiales (DINOES), arremetieron contra la propiedad de los Chaupe, y agredieron a la familia, buscando que desalojarla, aun sin una orden judicial y sin un fiscal. El portal La Mula reportaba que hasta el cierre de su nota, los Chaupe seguían rodeados de policías. Máxima denunció también, que los efectivos habrían matado a su perro y sus ovejas. También se habrían llevado los toldos, las maderas con los que se protegían de la lluvia, y destruyeron el campamento de los “Ronderos”, que se habían quedado con ellos, para brindarles su apoyo.

Ese mismo año, diversos medios de comunicación denunciaron Convenios entre la Policía Nacional y varias empresas extractivas; entre ellas, Yanacocha. Dichos convenios facultaban a la minera, a contar con la disponibilidad del personal policial para vigilancia permanente, a cambio de apoyo financiero y logístico masivo, durante la vigencia del contrato. Los acuerdos incluían instalaciones dentro de la misma minera, para la actividad pública de la policía, así como la disposición de dicha empresa, de usar la infrastructura proporcionada por el estado, tales como Las comisarias móviles. Una policia privatizada que termina haciendo el papel de huachimanes de Yanacocha, vulnerando su razón de ser ¿Se explicaría con ello, su comportamiento para con los campesinos opositores a Yanacocha? ¿Se explicaría acaso, el recordado "Porque son Perros conchetumadre"? Para Justicia Viva, estos convenios en el grueso de su contenido, somete a la autoridad policíal a la voluntad de la minera y son inconstitucionales.








4.1.4 Para el servicio policial de seguridad relacionado con el orden público, el personal policial (DIVSEESP y DIROES), lo realizará en el campamento de MINERÍA YANACOCHA; el personal tendrá alojamiento y alimentación, permanecerá uniformado y presto a intervenir en los diferentes asuntos que se relacionan con su función.



4.1.5 Para el servicio Policial de Seguridad relacionado con el servicio policial básico, el personal policial lo realizará en la Comisaria Móvil ubicada en el campamento de MINERÍA YANACOCHA, ubicado en el km. 24 de la carretera a bambamarca; el personal tendrá alojamiento y alimentación, permanecerá uniformado y presto a intervenir en los diferentes asuntos que se relacionan con su función.





Ante las diversas denuncias y evidencias de hostigamiento y violencia, el 5 de mayo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otorgó medidas cautelares en salvaguarda de 46 líderes comuneros y ronderos, incluyendo a la familia Chaupe. Esto, a solicitud de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana AIDESEP, la Confederación Campesina del Perú - CCP, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería - CONACAMI y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú - ONAMIAP. El 22 de mayo se cumpliría el plazo para que el Estado peruano responda sobre la concesión de medidas cautelares; sin embargo no cumplió con lo señalado por la Comisión IDH, ni se pronunció al respecto.

El 5 de agosto del 2014, el juez unipersonal de Celendín, Tomhy Padilla Mantilla, resolvió la denuncia penal interpuesta por Yanacocha a la familia Chaupe por Usurpación agravada, es decir, por haberse hecho, a través de la violencia, de una propiedad, o parte de esta, que no es suya; y condenó a dos años y ocho meses de prisión suspendida a Máxima Acuña, su esposo Jaime, su hija Ysidora, y su yerno; y al pago de una indemnización de 5.500 soles, en favor de la minera. Así mismo, ordenó el desalojo de la familia. Con esta sentencia, no solo se determinaba la expulsión de los Chaupe, sino que justificaba que la empresa use en el futuro, medidas de fuerza, sin la vía judicial, pese a que la discrepancia no había sido resuelta por una corte civil. La abogada de los Chaupe presentó un recurso de apelación. En la audiencia, la estrategia de quienes representaban a Yanacocha, encabezados por el prestigioso abogado Jesús Rivera Oré, buscaba que recusar a uno de los miembros de la misma sala, para evitar esta sala dicte sentencia. Esto no funcionó. Para el 17 diciembre, la Corte Superior de Justicia de Cajamarca revocó la condena contra la familia, dictaminando que, Máxima y su familia no habían usurpado violentamente dicho terreno, que no se había acreditado los actos violentos y que por el contrario los testigos de la defensa se habían contradicho, y sin daños certificados por un médico legista u otro instrumental probatorio, no se había probado el delito. Yanacocha anunció un recurso de casación en contra del fallo, y el compromiso de agotar todas las instancias para resolver el litigio contra Acuña en la Corte Suprema. El recurso de casación sería declarado infundado.



"A nosotros realmente lo que nos preocupa es que detrás de la familia Chaupe, al parecer,  hay ciertos intereses económicos y políticos"

Raúl Farfán
Director de Asuntos Internos de Minera Yanacocha




Tras el fallo, la familia eligió una colina ubicada a unos 200 metros de su casa, dentro de su territorio, para levantar una nueva vivienda; pues la que tenían, estaba a punto de colapsar por las lluvias. Sin embargo, en la mañana del 03 de febrero del 2015, y pese a la sentencia, agentes de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes) de la PNP y miembros de la minera (empresa de seguridad privada de SECURITAS) ingresaron a la zona y destruyeron las obras de arcilla que los Chaupe habían levantado; y se llevaron también, sus animales. La acción, tampoco contó con la presencia de un fiscal ni con una orden judicial. 



Policías y Personal de Yanacocha custodiando los muros destruidos (Foto: NoticiasSer)



Al respecto, Raúl Farfán, director de Asuntos Externos de Yanacocha, aseveró que la incursión no necesitaba de la vía judicial, pues se trataba de una Defensa de su propiedad. Agrega, que lo que resolvió la corte es la suspensión de una condena contra los Chaupe, y no la titularidad de la parcela. La Defensa de la propiedad a la que se refiere el representante de Yanacocha, es un recurso que está amparado en el artículo 920 del Código Civil, como un acto de defensa propia. Sin embargo, para recurrir a este recurso, la misma ley determina, como requisito, que el autor de la usurpación, haya ejercido el ilícito a través de la fuerza, en contra del poseedor, es decir, "Usurpación agravada"; y esto no ha pasado (Así lo ha determinado la corte). Por tanto, es ilegal el uso de este recurso. Yanacocha asegura que la edificación que destruyeron estaba fuera del territorio en disputa; que esa zona era propiedad de la minera. Sin embargo, los 200 metros, distancia en la que está ubicada la nueva edificación, están dentro de las 23 hectáreas que Máxima reclama como suya. Farfán prometió devolver los cuyes, y justificó la sustracción, asegurando que se los llevaron para no dejarlos en la intemperie.



Foto Yanacocha



Dos días después, aproximadamente a las 10 de la mañana, personal de Yanacocha volvió a los terrenos de Acuña. La compañía minera instaló un puesto de vigilancia al pie del terreno en disputa, con vista directa a la casa de la familia.



“Si ves que alguien extraño construye en tu propiedad, tienes el derecho de remover esos cimientos en los quince días siguientes. Eso dice la ley”

Raúl Farfán
Director de Asuntos Externos de Yanacocha.




La Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida de Cajamarca denunció que la familia Chaupe fueron, nuevamente, víctimas de hostigamiento e intimidación, por parte de policías y seguridad privada; contratados por la empresa transnacional, minera Yanacocha. La organización defensora de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) ha activado una 'acción urgente', para proteger a Máxima Acuña y su familia, de la empresa Yanacocha. La representante alemana de Amnistía Internacional Karin Kunze, envió una carta fechada el 12 de febrero del 2015, al ahora exministro de Justicia, Daniel Figallo, con un recuento de los supuestos actos de amedrantamiento y un pedido de investigación.

En contraste con lo sucedido, el periodista del diario La República, Ricardo Uceda, a finales de febrero, denunció que el predio de Tragadero Grande no era la única propiedad de los Chaupe; que por el contrario, son dueños de nueve propiedades más (mencionadas al inicio). Esto cobró más notoriedad debido a que en agosto del 2013, Máxima Acuña declaró que la propiedad en disputa, era el único terreno que poseía. Uceda sugiere que, pese a no significar este hecho riqueza en la familia, la imagen de "Víctima sin recursos para pagar la reparación civil y sin lugar a donde ir", no era tan cierta. Máxima había mentido a la opinión pública. Más allá del módico costo de dichas propiedades, teniendo en cuenta la forma de transacción (trueque por un toro o un becerro), y que el desprendimiento de los animales, suele tener un impacto significativo en la economía de las familias del lugar, tal vez la imposibilidad de pagar no sea tan armado como especula el periodista. No cabe duda de que esto echó sombras sobre la causa de Máxima y las organizaciones de derechos humanos que los defendieron; más aun por la ignorancia de la gente de ciudad sobre la forma de vida en aquellas zonas.

Por cierto, hasta marzo de 2015, la minera Yanacocha había puesto seis denuncias más por usurpación a la familia Chaupe.







En mayo, los Chaupe señalaron que habían quedado aislados, luego de que Yanacocha instalara un cerco perimétrico que dificulta su traslado a los demás poblados. Si bien es cierto el cerco, al estar entre las vías de acceso y el predio de la familia, obstaculiza y dificulta no solo el tránsito sino la salida de los productos que cultiva y comercializa para su sobrevivencia, este no le quita acceso a dichas vías. Por lo mismo, La Sala de Apelaciones de Cajamarca le negó la demanda a los Chaupe quienes exigían la destrucción del cerco. Máxima asegura que estas rejas son parte del hostigamiento de la empresa. Raúl Farfán lo negó y aseguró que el cerco forma parte de los corrales de un ¿"Nuevo proyecto de crianza de alpacas al pie de la propiedad en conflicto"?. Además, aseguró el representante, está dentro de su propiedad. Irónicamente estas alpacas están fuertemente custodiadas por personal de la minera con clara vista al domicilio de Máxima. Farfán aseguró que la empresa no impide el libre tránsito de la familia ni de nadie; sin embargo, un equipo de periodistas de América tv pretendió llegar a la casa de la familia Chaupe, por la carretera; dándose con la infeliz sorpresa de que una tranquera construida por Yanacocha y resguardada por la policía, impedía continúen su camino. Al pedir explicaciones al resguardo policial que custodiaba dicha tranquera, los policías respondieron que por orden de Yanacocha no podían circular por esa vía; que si gustan, "podrían hacerlo a pie" (sic). Después de varios minutos sin ver otra solución, no les quedó otra al equipo de América Televisión, que retomar la marcha a pie. En ese momento, cuando los periodistas dieron sus primeros pasos, un efectivo, después de haberse comunicado con las autoridades mineras ("orden superior" la llama), se les acercó y les informó que Yanacocha ya les permitía cruzar (¿Será porque iba a ser transmitido a nivel nacional?). Es decir, y para tenerlo bien claro, Yanacocha había tenido la generosidad de permitir el paso de los periodistas, de permitirles su derecho al libre tránsito, por la "Vía pública".

Cabe la suspicacia: Con una policía obediente, genuflexa, no ante el bienestar de la población, sino ante las órdenes de Yanacocha y sus intereses; que frente a un medio de comunicación de la capital, con todo el poder y alcance que este tiene, lejos de actuar con moderación, Yanacocha haya mostrado con total desparpajo y cinismo, su poder sobre instituciones, recursos y autoridades del estado por encima de los derechos civiles; como dice la periodista Buenaluque, "Imagínense cómo es el día a día con Máxima".


"La policía Nacional es también un actor en este conflicto. Hay un pleito por el terreno, pero ellos por sistema actúan como resguardo de Yanacocha. Nosotros fuimos testigos del papel que cumple la PNP".

Anuska Buenaluque
Reportera América Tv
Informe La Máxima de yanacocha


En apoyo a la causa de Máxima, esa semana se apersonaron en su casa, los Ronderos de Celendín, y la Defensoria del Pueblo. Esta última solicitó al ministerio, garantías para la familia, recordando que hay una medida cautelar que aun no ha sido cumplida. Después de amenazas reportadas por Acuña, durante los meses siguientes, el 16 de noviembre del año pasado, Máxima denunció que personas no identificadas irrumpieron en su propiedad aproximadamente entre las 7:30 am y las 4:30 pm; lapso en que nadie se encontraba en su domicilio. Estos destruyeron su cocina recientemente reconstruida.




Hace unos días, el 19 de abril, en una ceremonia llevada a cabo en San Francisco, Estados Unidos, Acuña fue premiada junto a otros cinco activistas, con el Goldman Environmental Prize. Esto, en reconocimiento a la lucha que sostiene con la empresa con acciones de la peruana Buenaventura, la estadounidense Newmont y la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial (BM). Probablemente, pese al apoyo en redes sociales, esta noticia hubiera pasado desapercibida en los medios locales, sino fuera porque Joseph Zárate, también habría recibido el premio Ortega y Gassett de Periodismo, justamente por un trabajo acerca de ella, un artículo titulado "La dama de la Laguna Azul vs la Laguna Negra" publicado en la revista Etiqueta Negra. Sin embargo el homenaje, y los bombos y platillos, terminaron cuando en una entrevista concedida esta semana a un medio en Lima, Máxima afirmó haber sido alertada por su esposo vía telefónica, de que durante la madrugada anterior habían disparado a su casa; y responsabilizó a Yanacocha si algo les pasaba. Cabe recordar que desde hace dos años, desde mayo del 2014, las autoridades siguen sin cumplir con las medidas cautelares que encomendara la Comisión IDH a su favor; por lo que hasta ese momento no contaba con resguardo policial en el lugar. El director de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, Alejandro Silva, informó del envío de cuatro efectivos en una patrulla para proteger a su familia.


"Nuestra empresa no realiza ni ha realizado actos de hostigamiento contra la familia Chaupe, ni mucho menos amenazas o disparos en la zona donde vive dicha familia. De hecho, nuestro personal de seguridad no porta armas de fuego por lo que es imposible que nuestra empresa haya supuestamente efectuado disparos en la zona”

Minera Yanacocha
Comunicado



Yanacocha negó haber sido autor de disparos. La patrulla que llegó al lugar informó a su vez, no haber hallado impactos de bala en las paredes, ni casquillos alrededor. Hugo Begazo, jefe de la región policial Cajamarca, declaró que en la conversación con el esposo de Máxima, Jaime Chaupe, este le dijo haber escuchado más de una detonación en el exterior de su vivienda; pero no supo detallar qué originó dichos estallidos. Él habría asumido que fueron disparos.

Hoy, temprano en la mañana, la web de la organización Grufides, encargada de la defensa legal de la familia Chaupe, hizo pública la Resolución del Juzgado Mixto de Celendín, que revoca la Medida Cautelar impuesta en su contra por Yanacocha el año pasado; a raíz de la construcción de arcilla a 200 metros de la casa, destinada a remplazar su viviendda. Esta medida, impedía a los Chaupe realizar cualquier tipo de actividades dentro de su propio terreno; no podían levantar muros, ni tampoco cultivar alimentos para su propio abastecimiento.



"Una de las últimas noches que pasé en Tragadero Grande (para el informe), días antes de que destruyeran los cimientos de la nueva casa, la pareja de campesinos y yo cenamos un plato de sopa de fideos, envueltos en varias frazadas, sobre un par de colchones viejos. Las camionetas de seguridad de Yanacocha se habían estacionado cinco veces frente a su terreno durante ese día. Unos vigilantes —acompañados de policías con cascos, garrotes y escudos, pero sin identificación— ingresaron al predio para tomar fotos y filmar lo que los esposos construían"

Joseph Zárate
periodista
premio Ortega y Gassett de Periodismo




Yanacocha sostiene que el certificado de posesión que exhiben los Chaupe, no es un título de propiedad. Olvida a su vez, que hay un documento firmado por el Juez de Paz del lugar, que convalida la compra. La minera asegura que es propietaria de las tierras en disputa, ya que las compró de acuerdo a ley, a la comunidad campesina de Sorochuco, en 1996 y 1997; y que incluyen el terreno que Máxima asegura, haber comprado 2 años antes, a esa misma comunidad. Es decir, Yanacocha desacredita la misma transacción cuando le venden a Máxima, pero la acredita cuando la venden a ellos. Para sustentar esto, la minera asegura que la propiedad de los Chaupe estaba en posesión de Samuel Chaupe, suegro de Máxima. Supuestamente era este último, el dueño de las tierras en disputa, y a quien le correspondía la venta; y que eso hizo para con Yanacocha. Sin embargo, en la corte, se acreditó que los anteriores dueños eran Esteban Chaupe Rodriguez y su esposa, Rosalía Fuentes Chugnas; y no Samuel Chaupe. Los esposos testificaron que fueron ellos los que vendieron la propiedad en 1994 a Máxima. Es decir, lo vendido por Samuel Chaupe, no correspondía a las tierras en disputa. Sumado a esto, hay un detalle: En el contrato entre Yanacocha y la comunidad, nunca se contrastaron las coordenadas del terreno; no hubo peritaje. Al contrario, según Rocío Silva Santisteban, "Hay investigaciones de la Universidad Nacional de Cajamarca, hechas sobre el terreno con mecanismos de medición georreferenciales, que sostienen que ese terreno (el de la familia Chaupe) no forma parte de las 5.400 ha de la empresa". En el 2012, el ingeniero civil Carlos Cerdán, experto del Gobierno Regional de Cajamarca, se dirigió hasta el predio de la discordia y, mediante tres GPS, la carta nacional y los límites que registran las escrituras de ambas partes, determinó el área y sus límites. El estudio arrojó que la parcela adquirida por Máxima y su familia, y que hoy son parte de la disputa, no formaría parte de las tierras compradas por Yanacocha, "si bien los límites están claros en los documentos de ambas partes, hay problemas de cálculo. Todo es una confusión de números y papeles que no se ajustan a la realidad". Es más, en los documentos de compra venta que muestra Yanacocha, no se específica en ninguna parte que ´Tragadero Grande’ haya sido parte de la transacción. Sería esta tal vez una razón lógica por la que la minera, no apela a un juicio por desalojo, pese a que es de naturaleza sumaria; es decir, sería breve y se evitaría lo engorroso de un juicio ordinario, y resolvería con prontitud la discrepancia.



Contrato Yanacocha - Comunidad de Sorochuco (Foto: La República)




"La minera dice que la familia (Chaupe) ha invadido, pero cómo puede ser si hace quince años yo firmé y les di a los Chaupe el certificado de posesión de su terreno. La comunidad es testigo de que ellos vivían allí incluso desde antes de que tuvieran el certificado (...) Máxima y Jaime no firmaron (la venta a Yanacocha), por lo tanto no vendieron su predio".

Miguel Ayala
Presidente de la comunidad de Sorochuco
Durante las primeras ventas de terrenos para el proyecto Conga



Yanacocha también sostiene a su favor que, los Chaupe recién construyeron una casa en ese territorio, en el 2011. Para sustentar su afirmación, muestran fotos satelitales, en las que no se llega a divisar las pequeñas chozas levantadas hasta el 2011, antes de que, según Máxima, las destruyeran y tuviera que hacer una más grande, de arcilla.

Por otra parte, si la tierra era desde 1994 propiedad de los Chaupe, si estos no plasmaron su firma como dueños del predio, entre los comuneros que realizaron la venta a Yanacocha, pues este territorio no fue vendido, no fue parte de la transacción. La comunidad no puede disponer de tierras que no son suyas, y esta misma reconoce haber vendido a ambas partes en distintas épocas, una antes que las otras. Creo que hay pocas dudas de que los involucrados adquirieron las tierras, de buena fe. El problema parece radicar en que, si en verdad hay una confusión en las tierras que Yanacocha adquirió, si la compra no incluye el área en disputa, el millonario proyecto que hoy día se encuentra en Stand By, tal y como está diseñado, se cae. Este no es asunto de un terreno cualquiera, en donde si hay confusión, si hubo un error en Yanacocha en el momento de calcular el área a comprar, habría que conformarse con otra parte del extenso territorio; o con la devolución de la inversión; no. Dadas las consecuencias, haya error o no, Yanacocha no va a parar, millones de dólares están en juego; y Máxima tampoco. Esta parece ser la crónica de un David y Goliat, y una Biblia que aún no se termina de escribir.




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