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| Foto: La República |
El gobierno no termina de "autopetardearse", y esto no es un invento de Martha Chávez sino más bien, una evidente falta de criterio, una desconexión con los intereses de la mayoría. No hace mucho, debido a la llamada Repatija, masivas protestas sociales, que vieron en esta repartición de poderes la gota que derramó el vaso, tomaron las calles para hacer uso de su derecho a la protesta y a la indignación. Al gobierno así como a los actores principales de la mesa de negociación no les quedó otra que dar marcha atrás a una medida desesperada para dejar algo en el mensaje del 28 de julio. En ese mismo escenario, es decir, en ese del "fin justifica los medios", y sin mucho bombo y platillo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia ratificó la absolución de Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás Hermoza Ríos y Roberto Huamán Azcurra por las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas luego del operativo Chavín de Huántar, de los llamados Gallinazos.
La sentencia determinó la necesidad de investigar la muerte del emerretista Eduardo Cruz Sánchez, conocido como Tito, dado que las evidencias indican hubo una ejecución extrajudicial, así como reservó el proceso a Jesús Zamudio Aliaga, sindicado por dos policías como el principal sospechoso.
Sin embargo, siete videos subidos el 1ro de agosto al portal de Youtube por el usuario anónimo Turbo Pascal bajo el título de Otro audio de Pedro Cateriano de unos quince minutos de duración cada uno, y hechos públicos por los periodistas Marco Sifuentes y Ricardo Uceda, daban a conocer los pormenores de un almuerzo privado en el que habrían participado el doctor César San Martín, presidente del Poder Judicial; Juan Jiménez Mayor, entonces ministro de Justicia; Pedro Cateriano, entonces agente ante la CIDH por el caso Chavín de Huántar, y la jueza Carmen Rojjasi, entonces presidenta de la Tercera Sala Penal Liquidadora que veía también el caso Chavín de Huantar, pero en el fuero interno.
Los audios parecen advertir las intenciones de la reunión: Unificar criterios para no hacer otro papelón frente a la Corte internacional.
