Desde hace algún tiempo, en aras del desarrollo y en defensa de los ingresos de las empresas extranjeras en el Perú, es recurrente oir un discurso que sentencia que cualquier intento de renegociación por parte del estado con la inversión privada, tal vez por el cambio de la realidad inmediata o por alguna inconformidad social de la población afectada, no sólo es el irrespeto a la firma de contrato sino que es la condena inevitable a perder inversionistas.
El 12 de octubre del 2009 la empresa brasilera OAS Lamsac se adjudica el proyecto Línea Amarilla y el 12 de noviembre del mismo año se firmaría el contrato de concesión con la municipalidad de Lima.
Línea Amarilla ha sido un proyecto impulsado por la gestión del anterior alcalde, Luis Castañeda, que buscaba, según lo dicho por la misma OAS, “aliviar la congestión vehicular en la ciudad”, sin más detalles técnicos que esa escueta declaración. La obra es importante sin duda pero tal vez hubiese cabido mayor explicación, sobretodo porque, por ejemplo, no está ni cerca de las recomendaciones que aparecen en el Plan Maestro de Transporte Urbano para Lima y Callao. En su momento, dada la firma del contrato, la obra generó numerosos cuestionamientos, sobretodo de aquellos que iban a ser afectados directamente. Era pues que fue planificada sin el consentimiento de los vecinos, entre quienes 600 familias aproximadamente iban a ser reubicadas forzosamente, cosa que ni siquiera se había informado hasta el momento de la firma. Esta reubicación forzosa estaba justificada bajo la ordenanza municipal 1020 publicada en el 2007 por la misma gestión y determinaba que los habitantes de toda la zona entre la avenida Morales Duárez y el río Rímac estaban en una zona de riesgo con lo que el valor de sus viviendas bajaba enormemente y no sólo los que se ubican al borde del río: Todos ellos debían ser desalojados. Sin embargo estudios técnicos efectuados posteriormente por Cooperación italiana y Cenca (esta última por encargo de la misma municipalidad), coinciden en que la mayor parte de la zona no está en alto riesgo e incluso recomiendan medidas para su mejora, y "el desalojo" no está entre ellas. Por otra parte, habrían sectores que quedarían completamente aislados por el atravesamiento de la autopista contemplada en el trazo original.